Derechos Humanos en España

España ha rendido cuentas sobre el grado de cumplimiento, protección y defensa de los DESC entre los años 2012 a 2016. El Comité ha escuchado al gobierno español y a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a la Plataforma DESC que ha presentado un informe apoyado por más de 150 entidades.

Tras un exhaustivo análisis los miembros del Comité aprobaron el 29 de marzo las observaciones finales al sexto informe periódico de España. El Comité DESC ha mostrado su preocupación por cómo la drástica reducción del gasto público en el ámbito social y “la prolongación de la aplicación de algunas medidas de austeridad” están afectando a la garantía de todos los derechos del Pacto y “desproporcionadamente a los grupos y personas más desfavorecidos y marginados”, en especial a “las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los gitanos y romaníes, así como los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes.” Ha recalcado que el índice de la población que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza y exclusión social es alto, y afecta de manera significativa a estas personas.

Junto a estas preocupaciones, las observaciones finales recogen un conjunto de recomendaciones para que España adapte su legislación nacional a los Tratados Internacionales de derechos humanos entre ellas:

Garantizar que los DESC cuentan con el mismo nivel de protección que los derechos civiles y políticos y promover su aplicabilidad en todos los niveles del sistema judicial, inclusive mediante el recurso de amparo, lo que implica un cambio constitucional.

Adoptar una ley integral de no discriminación que garantice una protección suficiente, incluyendo explícitamente todos los motivos de discriminación prohibidos; defina la discriminación múltiple, así como directa e indirecta; prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado; e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, inclusive por medios judiciales y administrativos.

Derogar el artículo 315, párr. 3 del Código Penal a fin de evitar la persecución penal de trabajadores que han participado en huelgas. Elaborar y adoptar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2018-2020.

Reglamentar el mercado privado de la vivienda y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.

Adoptar un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzados, que entre otros incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas.

Derogación de las disposiciones del Real Decreto-ley 16/2012 que han supuesto retrocesos en la protección del derecho a la salud y asegurar que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios.